Así lo informaron a La Angostura Digital desde el Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial. Comentaron que la semana pasada y esta se produjeron pruebas. Recordaron que tienen aún 10 meses de plazo para completar la investigación.
La fiscalía de Villa La Angostura continúa con la investigación en la causa penal que tiene a los concejales de Villa La Angostura, con la excepción de Catriel Barberis, imputados por el delito de desobediencia a una orden dictada por un funcionario público.
Además, la fiscalía le atribuyó al presidente del Concejo Deliberante, David Tressens Ripoll, haber cometido al mismo tiempo el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por su actuación en la polémica sesión del 15 de enero pasado, cuando declararon culpable de mal desempeño en sus funciones al entonces secretario de Economía municipal, Daniel Brito, y lo desplazaron del cargo.
El fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial, Fernando Rubió, informó a LA ANGOSTURA DIGITAL que la investigación sigue adelante y “la semana pasada se produjo prueba y esta semana también”. “Todavía tenemos otras pruebas que producir y tenemos todavía 10 meses más para investigar, conforme lo resolvió el Juez de Garantías”, sostuvo. Y mantuvo en reserva las pruebas recolectadas.
Cuando se le preguntó si los defensores de los concejales imputados habían impugnado la resolución del juez de garantías Nazareno Eulogio, que admitió los cargos que la fiscalía formuló el 12 de febrero pasado contra los 7 concejales, Rubio respondió que no impugnaron.
El juez aceptó el pedido de la fiscalía que había solicitado un año de plazo para hacer la investigación porque alegaba que era un caso complejo. Los defensores de los concejales no objetaron el plazo otorgado por Eulogio.
Rubio explicó que se sigue investigando “si todos los concejales tienen la misma responsabilidad para “afinar” las imputaciones”.
Quiénes están imputados
En la causa están imputados los concejales del MPN Walter Espíndola y Melisa Salamanca, la concejala Frente de Todos, María Eugenia Mesa y el exconcejal de ese espacio, Sergio Troche, que renunció al cargo a finales de marzo pasado. También, la concejal del Pro, Marta Ciccone, su par del bloque Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza, y Tressens Ripoll. Los 7 fueron imputados por el delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones.
Y a Tressens Ripoll, los fiscales lo acusaron además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los fiscales les atribuyeron a los concejales y Troche que a las 7:59 del 15 de enero pasado, “desobedecieron la orden dictada por Matías Nicolini, juez contencioso administrativo de Zapala, cuando dieron inicio a la sesión en el Concejo Deliberante”.
La fiscalía sostuvo que los concejales “desobedecieron la orden impartida por el magistrado, que en ejercicio legítimo de sus funciones y en el marco de un expediente iniciado en la sede procesal administrativa, el 14 de enero había ordenado expresamente “la suspensión de la sesión del Concejo deliberante, de la sala juzgadora, bajo apercibimiento de desobediencia de una orden judicial”.
Al presidente del Concejo Deliberante le atribuyeron además “haber cerrado las puertas del edificio para evitar que se supiera lo que estaban haciendo y abrirlas tarde”, cuando ya estaba iniciada la sesión.
El juez de Zapala había admitido el pedido de medida cautelar formulado por Brito, que presentó una demanda contra la Municipalidad de Villa La Angostura porque advirtió irregularidades en el proceso del juicio político en su contra.
