Jueces del máximo tribunal de la provincia desestimaron el planteo del exsecretario de Economía del municipio removido del cargo. Recordaron que hay otro proceso penal en marcha contra los 7 concejales. Todo indica que el conflicto se resolverá en el fuero penal, opinaron fuentes con acceso a la causa.
La jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén María Soledad Gennari y su par Alfredo Eluso Larumbe resolvieron rechazar el recurso de apelación que había presentado Daniel Brito contra la resolución de la jueza Ivonne San Martín, que había desestimado su reclamo para que se anulara la sesión del 14 de enero pasado en la que los concejales lo removieron del cargo de secretario de Economía por mal desempeño.
La resolución de la jueza a la que tuvo acceso LA ANGOSTURA DIGITAL, que en ese momento subrogaba al juez Matías Nicolini, a cargo del juzgado en lo contencioso administrativo de Zapala, dispuso remitir el expediente al Ministerio Público Fiscal “a fin de que tome intervención atento que la medida cautelar ha sido ordenada bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a una orden judicial”.
Por eso, es que el fiscal jefe Fernando Rubio y el adjunto Ramiro Amaya formularon cargos el 12 de febrero pasado contra los 7 concejales por haber cometido el delito de desobediencia a un funcionario judicial en el ejercicio de sus funciones.
Además, le atribuyeron al presidente del Concejo Deliberante, el emepenista David Tressens Ripoll, el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El juez de garantías Nazareno Eulogio admitió los cargos formulados por los fiscales contra los concejales del MPN Walter Espíndola y Melisa Salamanca, del Frente de Todos, María Eugenia Mesa y Sergio Troche, del Pro, Marta Ciccone y del bloque Primero Angostura, Agustina Vaca Arenaza y Tressens Ripoll. Y otorgó un año de plazo para la investigación.
Durante ese plazo los concejales estarán imputados.
Brito con su recurso de apelación pretendía que el TSJ declarara la nulidad de la sesión del 14 de enero pasado. Pero los vocales del máximo tribunal de la provincia no admitieron el planteo en una resolución que dictaron el 14 de abril último.
El fiscal general José Ignacio Gerez dictaminó por rechazar la apelación. Señaló que el fundamento de la garantía jurisdiccional cautelar está vinculado a una situación de urgencia que requiere una solución inmediata a los efectos de resguardar los derechos de los ciudadanos; el objeto es garantizar los derechos constitucionales ante la demora de los procesos.
Hay otro proceso en marcha
Gerez reparó que, en ese marco, “el Juez de grado dictó una medida cautelar que no es objeto de análisis y que ya perdió vigencia”.
El fiscal general planteó que todos los reclamos de Brito pueden ser abordados en el continente procesal actual, en referencia a la causa penal en trámite.
Gennari y Eluso Larumbe recordaron la pretensión de Brito “se desprendería del contexto cautelar transitado y de las contingencias procesales suscitadas en ese marco, lo que, sumado al estado actual de la situación que ha sido señalado en el dictamen del Sr. Fiscal General, no permiten ir en otra dirección de análisis”.
Por eso, fuentes con acceso a la causa opinaron que la decisión del TSJ es que el conflicto se resuelva en la instancia penal.
El TSJ ya había rechazo días atrás la demanda de los 7 concejales imputados que pretendían que el máximo tribunal de la provincia intervenga ante lo que entendían es un conflicto de poderes. Además, pretendía que el TSJ dejara sin efecto la investigación penal iniciada por la fiscalía en su contra, lo que el alto tribunal provincial desestimó. Por eso, la causa penal contra los 7 concejales sigue abierta.
