Hay exconcejales, exfuncionarios y comerciantes anotados para concursar por el cargo de primer defensor o defensora de Villa La Angostura. Los concejales deben designarlo con los dos tercios de los votos del Concejo Deliberante.
Seis ciudadanos se inscribieron en el concurso que busca designar al primer defensor o defensora del Pueblo de Villa La Angostura.
Fuentes que conocen del tema informaron a LA ANGOSTURA DIGITAL que se anotaron María Paz Dávalos, Laura Juárez, Geraldine Fornes, Sara Caputo, Gerardo Minnard y Javier Rodríguez.
Paz Dávalos estuvo al frente de la delegación local del Pami desde agosto de 2017 hasta junio del año pasado, cuando fue desplazada del cargo por el exconcejal del Frente de Todos Alejo Silva Grecchi. Antes, Paz Dávalos se había desempeñado como secretaria del bloque del Pro, en el Concejo Deliberante.
Laura Juárez fue concejal del MPN y funcionaria provincial años atrás.
Sara Caputo es una vecina radicada hace más de 10 años en la localidad, profesional, Javier Rodríguez es comerciante y tenía una casa de computación, mientras que Geraldine Fornes trabaja como secretaria en el estudio jurídico de un exconcejal.
Mientras que Gerardo Minnaard fue desplazado en junio de 2018 por los concejales de los bloques del MPN, del Pro y de Primero Angostura que aceptaron la renuncia que había presentado a su cargo tras estar envuelto en una fuerte pulseada con el gobierno municipal del exintendente Guillermo Caruso.
LA ANGOSTURA DIGITAL solicitó los nombres de los postulantes inscriptos en el Concejo Deliberante, pero desde el área de prensa informaron que ya se había realizado la apertura de los sobres para verificar la documentación enviada por los 6 postulantes.
“Ahora, los concejales van a decidir el procedimiento de selección”, explicaron.
El instituto de la Defensoría del Pueblo está incluido en la Carta Orgánica Municipal, que se redactó en 2009. “La Defensoría del Pueblo asumirá la defensa y protección de los derechos comunitarios y los derechos difusos, el control de la eficiencia de los servicios públicos y demás asuntos que merezcan la protección de los habitantes del municipio”, dice la Carta Orgánica.
Funciones
“Controlará el ejercicio de las funciones administrativas públicas y se constituirá en promotor de la transparencia al asumir el rol de garante de los derechos de los ciudadanos a ser informados, defendidos y protegidos”, es una de las facultades.
Entre las competencias asignadas está la de “hacer uso de los procesos constitucionales para defender los derechos mediante el ejercicio de las acciones de amparo, habeas corpus, habeas data, garantías de participación ciudadana y otras acciones de similar naturaleza, además de las acciones de inconstitucionalidad de las leyes y ordenanzas”.
Aunque esa facultad de presentar amparos o acciones como hábeas data las tiene cualquier ciudadano, entidad u organización.
La Defensoría del Pueblo no tiene facultades ordenatorias ni la potestad de aplicar sanciones.
Stefani dictó el decreto 3296/21 en el que hizo el llamado a concurso para cubrir el cargo. Recordó que la ordenanza 3622/19 establece que el Defensor del Pueblo “será designado previo concurso de antecedentes y oposición, por el voto favorable de los dos tercios (2/3) del total de los miembros” del Concejo Deliberante, de acuerdo al artículo 267 de la Carta Orgánica Municipal.
“Una vez que se haya hecho la preselección de candidatos, el Concejo Deliberante, de creerlo así conveniente y teniendo en cuenta los requisitos de antecedentes y oposición, podrá llamar a una consulta popular no vinculante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 312 de la Carta Orgánica Municipal”, indica la ordenanza.
El Defensor del Pueblo durará 6 años en sus funciones y podrá ser designado como máximo por dos períodos consecutivos o alternados contemplando el primer período.
Percibirá una remuneración equivalente al 80 % del básico del viceintendente con más los adicionales generales que correspondieren, con excepción de título y antigüedad acreditada en funciones anteriores.
En el proyecto de presupuesto 2022 que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante hay una partida de 3.363.197 pesos reservada para la Defensoría del Pueblo. Como parte de esa partida hay 2.383.814 pesos para cubrir el gasto de personal, 98.000 pesos para los bienes de consumo, 790.959 para servicios no personales y 90.422 pesos para bienes de uso de la Defensoría del Pueblo.
