Las concejalas del Movimiento Evita y del PJ impulsan un proyecto de comunicación para respaldar la iniciativa que se trata en el Congreso de la Nación.
Las concejales del Movimiento Evita, María Elena Brinkmann, y del PJ Mirna Gómez, presentaron hoy, en representación del interbloque del Frente para la Victoria, un proyecto de comunicación a la presidenta del Concejo Deliberante, en apoyo al proyecto de ley de emergencia social, alimentaria y de las organizaciones de la economía popular, que presentaron bloques de la oposición en el Congreso Nacional.
El objetivo del proyecto que impulsan Brinkmann y Gómez es lograr el apoyo del Concejo Deliberante de Villa La Angostura a la iniciativa que se promueve a nivel nacional como paliativo a la crisis social y económica que enfrenta el país.
“Desde los Bloques del Movimiento Evita y del PJ, que conforman el interbloque FPV, consideramos que es de público conocimiento la situación crítica que atraviesa nuestro país en materia social y económica”, indicaron.
Señalaron que los trabajadores de la Economía Popular “se encuentran entre los más perjudicados por la situación actual, debido, entre otras cosas, a la informalidad e irregularidad de sus ingresos”.
Brinkmann y Gómez recordaron que el proyecto de ley instituye el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo. Además, destacaron que se instruye al Ministerio de Desarrollo Social a crear un millón de nuevos puestos de trabajo bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo en todo el territorio nacional. El proyecto de ley crea además el Consejo de la Economía
Popular con el objeto de proponer un Salario Social Complementario (SSC) y promueve crear el Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) y declara la Emergencia Social en todo el territorio nacional por el término de un año.
El proyecto de ley propone incrementar en un 15% los valores vigentes, en cada mes, de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social.
Y declara la Emergencia por seguridad Alimentaria en todo el territorio nacional por un año, a fin de garantizar la atención de las necesidades básicas alimentarias y nutricionales de la población en condiciones de vulnerabilidad.
También el proyecto dispone el incremento del 50% respecto del presupuesto aprobado para el corriente año de todas las partidas presupuestarias destinadas a las políticas alimentarias y nutricionales.
“Consideramos que se trata de una iniciativa para paliar el ajuste sufrido por los sectores más vulnerables y con el fin de caminar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más integrada; y representa un paso muy importante para salir de la concepción de los planes sociales y pasar a la concepción del trabajo”, destacaron Brinkmann y Gómez.
