Así lo informó el fiscal jefe Fernando Rubio. El martes imputaron a los primeros 8. Pero adelantó que en los próximos días se ampliará la acusación contra el resto de los sospechosos de participar de la usurpación.
La toma del predio que el ISSN tiene en Villa La Angostura refleja la postal de los problemas habitacionales que padecen cientos de familias. Sin embargo, hay un entramado complejo que se oculta detrás de un reclamo legítimo.
El fiscal jefe de la IV Circunscripción Judicial, Fernando Rubio, explicó que la investigación que permitió recolectar evidencias para formular cargos a 8 imputados de la toma demandó 9 meses de trabajo “muy intenso de la fiscalía y del personal policial”.
Esa tarea investigativa les permitió determinar los hechos delictivos que se les atribuyeron a los 8 imputados en la audiencia de formulación de cargos del martes.
Dijo que pudieron identificar a unas 40 personas que están vinculadas a la causa penal por la usurpación del predio del ISSN. Explicó que a muchos se los demoró esta semana para notificarlas del inicio de la causa penal. Por eso, adelantó que con seguridad se ampliará la acusación contra, por lo menos, 30 o 32 personas más en los próximos días.
Rubio contó que fue una audiencia maratónica la que se hizo el martes. Al fiscal Adrián De Lillo y al asistente letrado Ramiro Amaya le demandó casi 11 horas relatar todos los cargos contra los acusados, que el juez de garantías Nazareno Eulogio admitió. Les atribuyeron haber cometido los delitos de usurpación, amenazas simples, amenazas con armas, desobediencia y resistencia a la autoridad, hurtos y hasta amenazas coactivas contra el gobernador, Omar Gutiérrez, y el intendente, Fabio Stefani, entre otros. “Son más de sesenta hechos delictivos que se les atribuyeron a los 8 imputados”, explicó Rubio.
El fiscal jefe sostuvo que, en los 9 meses de investigación, “todo fue documentado”. Manifestó que a algunas de las personas imputadas el martes se les atribuyó haber amenazado con cuchillo al personal policial que trataba impedir el ingreso de materiales de construcción a la toma porque había una orden judicial que lo prohibía.
Rubio aclaró que la mayoría de las personas de la usurpación no fueron violentas, pero el grupo de los 8 imputados “realmente fueron muy violentos”.
Dijo que los imputados les impusieron condiciones al resto de las personas para quedarse en la toma. Les ordenaban construir de inmediato si querían permanecer en el predio. “El que no tenía chicos no se podía quedar”, reveló el fiscal jefe. Y comentó que ponían a los chicos delante cuando se aproximaba la Policía.
Sostuvo que uno de los imputados, de apellido Rodríguez, es oriundo de Roca. Pero la gran mayoría son vecinos de la Villa.
Rubio relató que cuando se hizo días atrás el procedimiento para retirar el cable, que usaban para colgarse de manera ilegal al servicio de luz o las mangueras que usaban para conectarse de manera clandestina a la red de agua potable, el personal de Desarrollo Social del Municipio retiró a los chicos para resguardarlos.
“Pero cayeron dos de estas personas armados con machetes al lugar donde los niños estaban resguardados, a rescatar a los chicos, que estaban tomando la merienda”, comentó el fiscal.
Rubio reveló que 6 de los 8 imputados fueron detenidos fuera de la toma, “porque no viven ahí, no duermen ahí”.
Reiteró que sigue vigente la prohibición del ingreso de materiales al predio. “No vamos a permitir el hurto de energía y de agua”, aclaró.
Dijo que el agua y la luz hurtada estos meses la pagó el ISSN. “Se enchufaron al medidor y a la entrada de agua del ISSN, que tiene sus oficinas en ese lugar”, reveló.
Respecto de los reclamos de personas que criticaron que no se haya desalojado a las personas de la toma, Rubio respondió: “Todo tiene su camino, su derrotero”.
Cuando se le planteó que uno de los objetivos centrales del Código Procesal Penal de la provincia es tratar de resolver los conflictos con métodos alternativos y que la persecución penal sea la última opción, el fiscal jefe aseguró que se intentó promover acuerdos, diálogos, pero no funcionó.
Recordó que el conflicto estuvo en una etapa de mediación por casi 4 meses y no se alcanzaron acuerdos. “Por algún motivo no hay una solución que los convenza”, opinó.
Mencionó que el Municipio les ofreció la alternativa de inscribirse en el registro para postular a una solución habitacional, donde hay cientos de personas anotadas. “Pero dicen que no, que se quieren quedar ahí y la ley no se los permite”, insistió.
Fuente: Rìo Negro
