El fiscal del caso Adrián de Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya acordaron ayer la fijación de una pena de 3 años de prisión condicional para Domingo Javier Rodríguez, quien estaba acusado por cometer diversos delitos durante la usurpación de un predio del Instituto de Seguridad Social de Neuquén..
El acuerdo fue presentado ayer por los representantes del Ministerio Público Fiscal y una jueza de garantías lo avaló. Prevé la imposición de una pena de 3 años de prisión condicional para el acusado, que en caso de que de cometer algún nuevo delito pasará a ser de cumplimiento efectivo.
También contempla una serie de pautas de comportamiento por un plazo de tres años, entre las que figura realizar realizar 72 horas de trabajos no remunerados en una institución de bien público; la prohibición de ingresar al predio del ISSN que había sido usurpado; la prohibición de ejercer actos de violencia, intimidación y/o perturbación hacia las personas que fueron víctimas de sus amenazas, ya sea en forma personal, telefónica, por redes sociales, en forma personal o mediante otra persona; la prohibición de ejercer actos de violencia contra el personal policial de la provincia del Neuquén. En caso de incumplir alguna de estas pautas, la condena impuesta se convertirá en efectiva.
El abogado del ISSN adhirió al acuerdo propuesto por el Ministerio Público Fiscal.
Al acusado se le atribuyó haber participado de ocho hechos, ocurridos entre las 22 del 27 de octubre de 2020 y las 10 de la mañana del día siguiente. Junto a un grupo de alrededor de 25 personas, usurparon el predio del ISSN ubicado sobre la avenida Nahuel Huapi de Villa la Angostura.
Así, junto a las demás personas, despojó al organismo provincial de la posesión del predio y permaneció en el lugar donde en forma selectiva permitió la incorporación de más personas. Tuvo comportamientos intimidatorios y violentos ante los intentos del personal de la Policía de Neuquén que intervino para evitar la consolidación de la ocupación, y construyó una morada cuando ya contaba con una vivienda en Villa la Angostura.
Además se le atribuyó que junto a otras personas y de modo organizado, sistemático y continuado, amenazó a personas que ocupan el predio, exigiéndoles que estuvieran presentes en el lugar, que construyeran con celeridad, que no utilizaran los teléfonos celulares en las reuniones, que presentaran copia de la documentación personal y familiar, que intervinieran activamente ante los procedimientos policiales tendientes a evitar el ingreso de materiales de construcción, que interpusieran a sus niños frente a la Policía en dichos procedimientos, y que respetaran su pretendida autoridad. Todo esto con el fin de no ser expulsados de la porción del predio que les habían asignado.
También que desobedeció una orden impartida por personal policía para que no ingresara materiales de construcción al predio; y que resistió diferentes órdenes impartidas por personal policial al ingresar materiales para la construcción, mediante intimidación y la interposición de menores de edad y mujeres.
La acusación comprendió además que el 7 de julio de este año, fue acompañado hacia el salón del Centro Terapéutico dependiente de la secretaría de Desarrollo Social de la municipalidad de Villa la Angostura para amenazar a una persona.
Asimismo, se le atribuyó que junto a otras personas tomaron en forma ilegítima energía eléctrica y agua del edificio del ISSN para usarla en el predio ocupado.
Y que el 22 de mayo de este año amenazó a diversas personas, en forma verbal y mediante mensajes de WhatsApp.
Los delitos atribuidos fueron usurpación en calidad de coautor; amenazas coactivas en calidad de coautor; resistencia a una orden judicial en calidad de coautor; resistencia a la autoridad en calidad de coautor; hurto en calidad de coautor; y amenazas en calidad de autor. Todos en concurso real entre sí.
El pasado 20 de julio, luego de una investigación conjunta del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, ocho personas fueron acusadas por la usurpación del predio del ISSN y otros delitos como amenazas, hurto y resistencia a la autoridad. La situación procesal de la mayoría se resolverá en los próximos días.
