Son siete ediles imputados por desobediencia, luego de haber echado a un funcionario a través de un juicio político que había sido frenado por la Justicia.
El fiscal jefe Fernando Rubio anunció que pedirá el sobreseimiento de los concejales y concejalas de Villa la Angostura que estaban bajo investigación tras haber sido imputados por desobediencia a un funcionar público. Sin embargo, aclaró que el presidente del Concejo Deliberante, también acusado de incumplimiento de deberes, seguirá su proceso judicial.
Las imputaciones son parte de la causa vinculada al juicio político a Daniel Brito, secretario de Hacienda del gobierno municipal de Fabio Stefani. El Concejo avanzó en la destitución en una sesión que había sido aplazada por una orden emitida por un juez de Zapala. El fiscal jefe entendió que el accionar de los concejales fue delictivo al no acatar la orden de un juez.
Sin embargo, Rubio difundió hoy una nota en donde solicita agendar una audiencia para plantear el cierre de la investigación mediante el pedido de sobreseimiento para Marta Noemí Cicconi, María Eugenia Mesa, Sergio Javier Troche, Walter Luis Espíndola, Ruth Melisa Salamanca y Agustina Vaca Arenaza.
La investigación había comenzado en febrero de este año. La teoría del caso inicial fue que el 15 de enero, a las 07:59, avanzaron en la realización de la sesión del cuerpo, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo de Zapala, Matías Nicolini, había dictado una medida cautelar ordenando que la suspendan.
En este contexto, la investigación preliminar que desarrolló el Ministerio Público Fiscal, estuvo focalizada en responder la hipótesis central del caso: si los y las concejales tuvieron fehaciente conocimiento de la orden impartida por la Justicia contencioso-administrativa.
En el escrito remitido a la Oficina Judicial, Rubio sostuvo que de acuerdo a las pruebas reunidas sobre la base de entrevistas efectuadas, los y las concejales a diferencia del presidente del Cuerpo, no tenían conocimiento de la medida cautelar que ordenaba suspender la sesión.
Sin embargo, la Fiscalía considera que el presidente del cuerpo, el empenista David Tressens Ripoll, sí tenía conocimientos de la orden judicial emitida, por lo que su causa seguirá abierta y será investigado por los delitos de desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor.
Fuente: LM Neuquen
