En una audiencia de formulación de cargos realizada ayer, el fiscal del caso Adrián De Lillo acusó a un hombre, identificado con las iniciales D.R.Z, por la caza ilegal de ciervos en una estancia ubicada en cercanías de Villa La Angostura.
La fiscalía le atribuyó el delito de infracción al artículo 24 de la Ley 22.421, en calidad de autor.
Durante la audiencia y tras detallar la acusación, De Lillo solicitó la aplicación de juicio a prueba por el plazo de un año, a los fines de resolver el conflicto primario y teniendo en cuenta que el acusado no tiene antecedentes penales. En esa línea, D.R.Z deberá cumplir con la las siguientes reglas de conductas: deberá fijar un domicilio y en caso de mudarse, deberá informarlo con anticipación. Además tendrá que reportarse al ámbito de población judicializada, no cometer nuevos delitos y entregar las armas al Estado.
El imputado aceptó el beneficio y se comprometió a cumplir las reglas de conductas. Además en concepto de reparación, el hombre ofreció la entrega de un asuma de dinero a la Cooperadora del Hospital de Villa La Angostura.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal el hecho ocurrió en el período de tiempo comprendido entre el 25 de marzo y el 27 de marzo de 2021. Allí el imputado procedió a la caza de animales de la fauna silvestre, en una estancia ubicada en proximidades del kilómetro 2085 de la Ruta Nacional N°40, “sin contar con la autorización del propietario, administrador, poseedor o tenedor del fundo”, indicó De Lillo.
El representante del Ministerio Público Fiscal agregó que el 27 de marzo se realizó un allanamiento en el que se secuestró carne de ciervo, armas de fuegos y otros elementos relacionados a la caza.
El juez de garantías hizo lugar al pedido de las partes y otorgó la suspensión de juicio a prueba. Además, el magistrado le informó al imputado que en caso de ser investigado por otro caso, no podrá acceder nuevamente a este beneficio, ya que el mismo se aplica una vez cada ocho años.
La suspensión de juicio a prueba es una medida que se aplica en casos en los que los delitos que se imputan, tienen pena en expectativa menor a tres años y cuando los acusados no tienen antecedentes penales.
