Ingresó a la legislatura neuquina un proyecto para obligar a los funcionarios públicos a rendir cuentas de su gestión de gobierno, una vez concluido su mandato. A tal fin, se implementará el procedimiento “juicio de residencia” que implicará la rendición de cuentas con detalle del destino de los fondos asignados por presupuesto y de la evolución del patrimonio personal.
La medida alcanzará a funcionarios y funcionaras que ocupen cargos electivos provinciales; del Poder Ejecutivo provincial con rango de ministerio, secretaria de estado, y subsecretaria; titulares de los organismos descentralizados; y titulares de empresas y sociedades del estado, así como también organizaciones empresariales con participación estatal mayoritaria.
Una vez finalizado el mandato, el funcionario o la funcionara deberá remitir al Tribunal de Cuentas –organismo que sustanciará el juicio de residencia- un informe con la rendición de cuentas; el estado de ejecución de los recursos y gastos que le fueran asignados por presupuesto; una declaración jurada de la evolución de su patrimonio personal; y un balance de su gestión. La información deberá ser publicada, en su totalidad, en el Boletín Oficial del gobierno, durante un día, y regirá un plazo no menor a 10 días para poder presentar denuncias o solicitar mayor información.
La norma determina que, una vez iniciado el juicio de residencia, el ex funcionariado deberá permanecer en la provincia desde el cese del cargo hasta la finalización del juicio.
Para los casos en que el Tribunal de Cuentas determine incumplimiento, se prevén sanciones mediante apercibimiento, suspensión de uno a dos meses, con un tope de dos años, para ejercer cargos públicos o multas de hasta diez salarios mensuales equivalentes al percibido al concluir el mandato. Para las sentencias definitivas del Tribunal sólo se podrá aplicar la revisión del propio organismo, quedando excluidos otros recursos de procedimiento administrativo.
A la vez, se contempla la creación de una comisión de seguimiento legislativo del juicio de residencia, integrada por cuatro legisladores provenientes de los bloques con mayor representatividad, propuestos por cada espacio político al inicio de un nuevo periodo legislativo. El cuerpo deberá hacer el seguimiento de las actuaciones el juicio.
Los fundamentos indican que la medida apunta a contribuir a la transparencia de los actos de gobierno, lo que constituye una fuerte demanda de la ciudadanía. La trasparencia de gobierno puede ser activa o pasiva, componiendo el primer tipo la información brindada desde el propio Estado, mientras que la pasiva se refiere a la que puede ser solicitada desde el ámbito ciudadano. En la actualidad existe un marco normativo que regula el acceso a la información pública, pero además del mandato que rigen las leyes vigentes, debiera contemplarse un mecanismo de control para la respectiva revisión de las actuaciones una vez finalizado el cargo oficial del funcionariado, tal como el juicio de residencia. Las provincias de Chaco y Tierra del Fuego ya cuentan con herramientas como la propuesta.
El proyecto de ley (14113) ingresó por Mesa de Entradas el 4 de marzo firmado por Leticia Esteves, Luis Aquin y César Gass de Juntos por el Cambio.
