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Toma ISSN: Determinaron prisión preventiva para cuatro hombres y prisión domiciliaria para cuatro mujeres

Foto: El Tren/Programa de radio.
Judiciales
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La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal del caso Adrián de Lillo y del asistente letrado Ramiro Amaya. Mediante una audiencia realizada por videoconferencia durante la mañana y que continúo por la tarde. Una mujer ademàs se la acusó de tenencia de armas.

 

Ocho personas fueron acusadas hoy por usurpación, amenazas hurto y resistencia a la autoridad en el contexto de una investigación que inició el Ministerio Público Fiscal, por la ocupación de un predio del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) en la ciudad de Villa la Angostura. Y en el caso de una de las imputadas, también se le atribuyó el delito de tenencia de armas.

La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal del caso Adrián de Lillo y del asistente letrado Ramiro Amaya. Mediante una audiencia realizada por videoconferencia durante la mañana y que continúo por la tarde, imputaron a cuatro hombres, D. J. R, J. L. R, A. L. D y E. R. M; junto con cuatro mujeres, B. M. P, A. B. S, M. D. C. Y y R. A. Y.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que, en el caso de uno de los hombres, D. J. R, le impongan cuatro meses de prisión preventiva; y 15 días a los tres hombres restantes (J. L. R, A. L. D y E. R. M). Respecto a las cuatro mujeres (B. M. P, A. B. S, M. D. C. Y y R. A. Y), el requerimiento fue que permanezcan detenidas con prisión domiciliaria por 15 días. Argumentaron que existe riesgo de que entorpezcan la investigación.

El juez de garantías que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos. Sobre las medidas de coerción, resolvió que D. J. R quede detenido con cuatro meses de prisión preventiva; que los tres hombres (J. L. R, A. L. D y E. R. M) permanezcan con la misma medida por un plazo de siete días y que las cuatro mujeres (B. M. P, A. B. S, M. D. C. Y y R. A. Y) queden detenidas con prisión domiciliaria por siete días. En todos los casos, además se estableció que no podrán regresar al predio ocupado por un lapso de un año y no podrán tener contacto con testigos del caso.  

Uno de los hechos descriptos en la audiencia y que involucró a los ocho acusados y acusadas, fue que entre las 22 del 27 de octubre y las 10 del 28 de octubre, invadieron el predio del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) ubicado sobre la avenida Nahuel Huapi. Mediante violencia, y junto a un grupo de 25 personas aproximadamente, despojaron al organismo provincial de la posesión del predio. Y mediante actos intimidatorios y violentos, repelieron los intentos del personal de la Policía de Neuquén para evitar la consolidación de la ocupación ilícita.

Otro hecho fue que, de modo organizado, sistemático y continuado, entre el 6 de octubre de 2020 y hasta el 19 de julio de 2021, amenazaron en forma coactiva a diversas personas que ocuparon el predio del ISSN. Lo hicieron mediante la exigencia continua de que estén presentes en el lugar de la ocupación, que construyeran con celeridad en el lugar asignado, que intervinieran ante los procedimientos policiales que buscaban impedir el ingreso de materiales al predio y que interpusieran a los niños y niñas frente a los y las efectivas de la Policía. Los acusados y acusadas también exigieron que se respetara la autoridad de ellos y ellas, todo esto para impedir la expulsión del predio ocupado.

En forma simultánea se les atribuyó que desde el 27 de octubre de 2020 y hasta el 19 de julio de 2021, amenazaron en forma coactiva al gobernador de la provincia Omar Gutiérrez y al intendente de la ciudad Fabio Stefani. Con el propósito de lograr la concesión del predio ocupado ilícitamente, exigieron a través de los medios de comunicación la entrega de la propiedad de la tierra, bajo amenaza no sólo de mantenerse en forma permanente en el lugar sino también de ampliar la ocupación hacia terrenos lindantes.

La investigación comprende además diversos hechos, por amenazas verbales y con armas blancas de parte de algunos de los acusados de los acusados hacia otras personas; así como tenencia de armas de uso civil sin autorización; desobediencia de órdenes del personal policial mediante las cuales se les informó que no podían ingresar materiales de construcción al predio, además de haberlas resistido en algunos casos mediante intimidación y la interposición de niños y niñas menores de edad; a lo que debe agregarse el haberse apoderado ilegítimamente de energía eléctrica que el EPEN proveía al ISSN al realizar una conexión ilícita, y lo mismo respecto al agua que la municipalidad proveía al ISSN, con el fin de suministrarla al predio usurpado.

Los delitos atribuidos a cada uno de los acusados y acusadas fueron los siguientes:

- A D. J. R, los delitos de usurpación, amenazas coactivas, amenazas coactivas contra un miembro del poder público (reiteradas en tres ocasiones), amenazas simples, amenazas con arma, desobediencia a la autoridad (reiteradas en cuatro hechos), resistencia a la autoridad (reiterada en once oportunidades), y hurto (reiterado en dos hechos); todos ellos en concurso real entre sí. En calidad de autor y como determinador respecto a un hecho. Todo en concurso real con tres hechos de amenazas, por los que se le formularan cargos en el legajo 37252/21 el día 25 de mayo del corriente año.

- En el caso de B. M. P, usurpación, amenazas coactivas, amenazas coactivas contra un miembro del poder público, resistencia a la autoridad (reiterada en dos hechos) y hurto (reiterado en dos ocasiones) y tenencia de arma de fuego sin autorización legal. También comercialización de productos con imitaciones fraudulentas de marcas registradas en calidad de autor, y comercialización de obras de cine publicadas, sin autorización del autor o derecho habientes, todos ellos en concurso real entre sí, en calidad de autora y de coautora. Estos productos fueron hallados en un local comercial que fue allanado y donde se produjo la detención de B. M. P.  

- Respecto a J. L. R usurpación, amenazas coactivas, amenazas coactivas contra un miembro del poder público (reiterados en dos ocasiones), resistencia a la autoridad (reiterados en cuatro hechos), amenazas y hurto (reiterado en dos oportunidades), todos en concurso real entre sí en carácter de autor y coautor.

- En el caso de A. B. S usurpación, amenazas coactivas, amenazas coactivas contra un miembro del poder público, hurto (reiterado en dos ocasiones), y resistencia a la autoridad, todo en concurso real entre sí en calidad de coautora material en todos los hechos.

- A M. D. C. Y usurpación, amenazas coactivas, amenazas coactivas contra un miembro del poder público, hurto (reiterado en dos oportunidades) y resistencia a la autoridad, todo en concurso real entre sí en calidad de coautora material.

- Sobre R. A. Y usurpación, amenazas coactivas, amenazas coactivas contra un miembro del poder público, hurto (reiterado en dos ocasiones), y resistencia a la autoridad; todos en concurso real entre sí y en calidad de coautora material.

- Respecto a A. L. J usurpación, amenazas coactivas, amenazas coactivas contra un miembro del poder público, hurto (reiterado en dos hechos), amenazas y resistencia a la autoridad; todo en concurso real entre sí en carácter de autor y coautor.

- A E. R. M usurpación, amenazas coactivas, amenazas coactivas contra un miembro del poder público, hurto (reiterado en dos oportunidades) y resistencia a la autoridad; todo en concurso real entre sí en calidad de coautor material.

- Las personas acusadas fueron detenidas ayer por la mañana, durante un operativo conjunto del Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén. En principio, habían sido seis los detenidos y detenidas, luego la cantidad llegó a ocho en total.

- El juez de garantías que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos en todos los hechos. Sobre las medidas de coerción, resolvió que D. J. R quede detenido con cuatro meses de prisión preventiva; que los tres hombres (J. L. R, A. L. D y E. R. M) permanezcan con la misma medida por un plazo de siete días y que las cuatro mujeres (B. M. P, A. B. S, M. D. C. Y y R. A. Y) queden detenidas con prisión domiciliaria por siete días. En todos los casos, además se estableció que no podrán regresar al predio ocupado y que no podrán tener contacto con testigos del caso.