La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al gobierno nacional que tiene 30 días de plazo para responder. En la causa penal hay 7 personas imputadas y ya fue elevada a juicio, pero quedó en suspenso a la espera del resultado de una mediación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio una prórroga de un mes al Estado argentino para presentar su respuesta al ofrecimiento de una solución amistosa en el conflicto que mantiene con la comunidad mapuche Paichil Antriao por el sector identificado como Pichunko, en Villa La Angostura.
“Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación al caso arriba indicado (por el conflicto con la comunidad Paichil Antriao)”, dice la notificación que la secretaria Ejecutiva de ese organismo internacional, Marisol Blanchard, envió los primeros días de este mes al gobierno argentino.
“Al respecto cumplo en informarles que la Comisión ha concedido en el día de la fecha una prórroga de un mes solicitada por el gobierno para presentar su respuesta respecto al ofrecimiento de solución amistosa”, informó Blanchard en la nota a la que LA ANGOSTURA DIGITAL accedió.
El abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez, recordó que la CIDH interviene en el conflicto por un recurso que presentó la comunidad.
Explicó que el conflicto Pichunko es una causa penal que ya fue elevada a juicio, pero está suspendido por la mediación.
Detalló que la “CIDH le concede un plazo de prórroga al Estado nacional para que ofrezca una solución amistosa a los conflictos con la comunidad Paichil Antriao, caso contrario, ingresará el caso para el procedimiento de sanción al Estado nacional por incumplir los Tratados Internacionales”.
Hay 7 integrantes de la comunidad Paichil Antriao imputados por el delito de usurpación en esa causa. El juicio quedó en suspenso por la pandemia y porque se abrió una instancia de conciliación que hasta ahora no logró ningún resultado.
La fiscalía formuló cargos por el delito de usurpación contra Daniel Esteban Malpu, Damián Andrés Olivero, Andrés Leonardo Hernández, Nelson Gustavo Cárdenas, Lucas José Cahuinpan, Raquel del Carmen Bustos y Ángel Saúl Mellado.
El conflicto se originó cuando a mediados de abril de 2018 integrantes de la comunidad mapuche irrumpieron en lotes privados y se instalaron en ese lugar con el argumento de que efectuaban un resguardo territorial para impedir que se continúe destruyendo territorio comunitario.
Alegaron que ocupaban ese terreno para hacer tareas culturales de reparación y saneamiento del bosque afectado. Los propietarios presentaron las denuncias y la fiscalía acusó a los imputados por usurpación.
Uno de los denunciantes es justamente el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili.
